Nov 26

El drama detrás del aborto no se aplaca con el debate legal

Se debe analizar como una problemática de salud pública y contar con el correcto control y atención. En América Latina las leyes no son laxas frente a la interrupción del embarazo, incluso, en ciertos países, no se lo consiente en ningún caso.

Manuela ha sido sometida a un legrado por dos ocasiones. Si bien sus intervenciones respondieron a abortos espontáneos, ella está consciente de que no todas las mujeres tienen su suerte. Suerte, en lo referente a ser atendidas con los correctos cuidados y a tener acceso a un servicio de salud acorde para enfrentar todo lo que implica este tipo de intervenciones. Está de acuerdo en que el aborto debe ser despenalizado en ciertos casos y comenta que con ello millones de mujeres tendrían la oportunidad de recibir el correcto cuidado.

¿América Latina está preparada para poner sobre la mesa esta problemática? ¿Realmente los países de la región, cuyo pilar cultural son las creencias religiosas, pueden analizar con cabeza fría el tema?

En Argentina, por ejemplo, no se logró lo que los grupos pro aborto buscaban. El Senado de ese país rechazó, con la votación de 38 senadores, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que ya había sido sancionado en la Cámara de Diputados.

El objetivo de este proyecto era expandir los derechos al aborto para que las mujeres terminen un embarazo dentro de las primeras 14 semanas. Las leyes vigentes en ese país permiten el procedimiento solo en casos de violación o cuando la salud de la madre está en riesgo. Pero se buscaba legalizarlo hasta la semana 14 del embarazo bajo cualquier circunstancia y permitirlo si este supera la semana 14 cuando el embarazo ha sido producto de una violación, cuando hay riesgo la vida o salud de la madre o si se presentan malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extra-uterina. Para los grupos Provida de Argentina, en cambio, esta era una alternativa injusta y contraria a los derechos humanos fundamentales, como lo es atentar contra el derecho a la vida del bebé.

En Ecuador se produce un aborto cada doce minutos, según las estadísticas del INEC entre 2004 y 2014, a pesar de que la Constitución y las leyes de la República protegen la vida desde la concepción. Según el Código Integral Penal (COIP) es permitida la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la madre o en caso de violación, solo cuando la mujer tiene incapacidad mental.

Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, explica que está a favor de la despenalización del aborto y considera que “no hay por qué preguntarle a la mujer por qué quiere abortar. La mujer, al igual que el hombre, debe tener la capacidad de ser ciudadana y autónoma en su sexualidad y reproducción. Sin embargo, a las mujeres que les toca tomar esta decisión se enfrentan a la ilegalidad, la inseguridad, la no accesibilidad a un buen servicio de salud, etc. Si la mujer lo decide, lo hará”.

Además, explica, que quienes están a favor de la interrupción del embarazo saben que “el embrión o feto es vida, pero apegándonos a la racionalidad de la realidad en la que se vive, no podemos dejar de ponderar qué vida vale más. A cuál debo darle más valor para que continúe. Le doy más a la de la mujer”.

Gómez de la Torre, conjuntamente con la Fundación Desafío, realizó el estudio ‘Vidas robadas, una respuesta incompleta del Estado al embarazo infantil, no es respuesta’. Explica, que el Ecuador ha suscrito y es parte de la doctrina de ‘protección integral’, donde se definen al adolescente y a los niños y niñas como sujetos de derechos. “Incluso establece que los niños son ciudadanos desde su nacimiento, por tanto tienen la potestad de ser consultados e informados, darles oportunidades a que decidan. Pero en este país eso es imposible. La niña debería ser consultada qué hacer si está embarazada como producto de una violación”.

Según los datos que la profesional maneja y que han sido expuestos por el estadístico Fredy Llerena, 2.700 niñas, entre 10 y 14 años se embarazan al año en el Ecuador y el 2% de ese total, van por el segundo embarazo. Y 50 mil adolescentes lo hacen durante el mismo  período. “Si bien estamos a favor de la despenalización total del aborto, planteamos que por lo menos, en el Ecuador no se obligue a una mujer a tener un hijo producto de una violación”.

Paola Erazo es psicóloga clínica con orientación humanista. “Despenalizar el aborto trae consigo muchísima responsabilidad. Cuántas veces se permitirá que una mujer lo haga, por ejemplo. Se debe hacer un seguimiento de las causas de ese aborto”, explica.

Por tanto, da una guía de algunos pasos a seguir. Primero, considera que es un tema de salud pública, y se debe contar con políticas públicas que empiecen a trabajar en la problemática que hay alrededor de los embarazos no deseados. Además, se pregunta: ¿cómo se va a regularizar el aborto?

A nivel psicológico y emocional las consecuencias de interrumpir un embarazo son fuertes. “Hay mujeres que se sienten culpables y comienzan a sentir rechazo a sí mismas y a pensar en qué pudo haber sido diferente”. Se requiere, por tanto atención psicológica.

Así mismo, es indispensable una mejor educación sexual a nivel educativo y familiar. Hay que promoverlo para que las mujeres sepan qué hacer y a dónde acudir cuando no deseen ser mamás. Hay que atender a la población vulnerable, a las mujeres que viven víctimas de violencia, de escasos recursos, etc.

Es fundamental centrarse en el tema de salud mental para quienes abortan. Y sería importante poner sobre la mesa el tema de la adopción, para que no sea un trámite engorroso y largo. “Se puede adoptar desde la concepción, o desde que el bebé nace o tiene meses de edad con mayor facilidad. Sería una posibilidad para un embarazo no deseado”.

Manuela considera que es momento que las sociedades debatan sin posiciones extremistas un drama con miles de historias.